Esos millares de españoles que claman a la puerta de las Embajadas un pasaje gratuito que les reintegre a la Patria, necesitan y merecen atención urgentísima. Pero aquí, fuera de los telegramas de las agencias, nadie se ocupa de ellos.

Nosotros sentimos un dolor profundo ante la infelicidad de esos compatriotas emigrantes. Las calamidades interiores de su país, que todavía padece en esta hora republicana que vivimos, lanzó a esos hombres a tierras de ultramar en busca ciega de venturas problemáticas.

Hay que repatriarlos y hay que reglamentar con eficacia y sentido nacional todo cuanto se relacione con la emigración.

Si nuestro pueblo no estuviera en gran parte embrutecido por tiranías mostrencas y por demagogias disolventes, se mostraría sensible a problemas de la índole de éste que tratamos.

España, con veintiún millones de población, no puede ser un pueblo emigrante. Una política de robusta y sincera expresión nacional no permitiría que todos los años saliesen de España decenas de miles de hombres jóvenes. Pero la emigración ha sido siempre considerada en las alturas gobernantes como una magnífica huida de indeseables. Emigra, en general, aquel que se siente descontento, que pugna de algún modo con la vigencia política o económica del país en que vive, que cree desvalorizadas y rechazadas sus aportaciones.

Ese fermento inquieto que conduce a los pueblos a marchas salvadoras se traduce aquí en ciega, absurda e inmoral ruta emigratoria. Unos arrastran a otros, y prospera en las mentes sencillas el afán del viaje, que para ellos significa camino profético de promisión. Se van así multitudes desarmadas, en gran parte analfabetas, incubadoras de odios contra la supuesta Patria mediocre, que les equipa con harapos tan miserables.

Los españoles -pocos o muchos- que vibramos ante las gigantescas sombras de las glorias de nuestro pueblo, estamos dispuestos a que en éste, como en otros problemas que afectan al honor nacional, se cambie rápidamente de actitud por el Estado.

En cinco años, por lo menos, no debe permitirse la emigración de un solo individuo. ¡Ah! Pero hay que hacer frente a las consecuencias. El único medio lícito de oponerse a la emigración es el de garantizar en nuestros territorios medios de subsistencia floreciente para todos los españoles que trabajan. Ello es bien fácil. No hay sino cambiar el sistema económico y social vigente por otro más racional y justo.

En general, emigra el español campesino. Los hijos de los pequeños propietarios de tierras, que resultan insuficientes para los nuevos brazos y las nuevas necesidades. Hay, pues, que facilitar tierra y atmósfera propicias a los entusiasmos mozos de los hijos del campo.

Las regiones que dan más porcentaje emigratorio son esas de la pequeña propiedad agraria. Pero en España hay buen medio de impedir esa clase de emigración. Bastará con señalarle las comarcas despobladas, enclavando en ellas la posibilidad económica que necesitan. Haciéndolas feraces por medio de riegos y de las atenciones que la ciencia agronómica señale.

Por hoy no decimos más de esto. Pero hemos de hablar mucho, porque la cuestión afecta tanto al honor como a la prosperidad económica del pueblo. Pedimos una ley inmediata que regule la emigración con un criterio de máxima valoración de los intereses hispánicos.

Y con urgencia, que se repatríe a esos millares de españoles infelices que claman en la puerta esquiva de las Embajadas por un pasaje gratuito que les permita el regreso a la Patria.

(«La Conquista del Estado», n. 13, 6 - Junio - 1931)