La huelga de los empleados y obreros de la Telefónica pone a la orden del día esta bochornosa explotación del capitalismo extranjero. Se asustan las gentes cobardes de que propugnemos en esta hora una política de defensa nacional. No despierta su coraje ni este espectáculo de los teléfonos en manos de extranjeros, negocio criminal que proporciona a los colonizadores yanquis cien millones de pesetas, que hurtan a la economía de nuestro pueblo.

Sonroja de vergüenza contemplar cómo el Gobierno del pueblo (?) hispánico facilita a la compañía extranjera toda la coacción oficial de que dispone para ahogar las aspiraciones de los huelguistas. La prensa repugnante de la izquierda, que tanto presume de defender los intereses del pueblo, destaca las frases de desaliento y se calla la protesta clamorosa que debiera brotar de todos los pechos hispanos en ayuda de los españoles que luchan.

El negocio de los teléfonos, en las condiciones en que se ha hecho la concesión por el Estado, sería un intolerable abuso aun en el caso de que fuesen capitales españoles los favorecidos. Júzguese, pues, la iniquidad que representa el hecho de que sea la rapacería yanqui la que se aprovecha de nuestro suelo como de una colonia.

El Gobierno está en la obligación de declarar este asunto como algo muy directamente relacionado con el honor nacional, y debe intervenir en él con ímpetu revolucionario. Hiera los intereses que hiera, provoque las iras que provoque. Aunque ello suponga una visita de la escuadra yanqui a nuestras costas, pues veintidós millones de españoles sabrán rechazar la baba de los negreros.

Pedimos la inmediata rescisión del contrato con la Telefónica, y desde luego, que sin pérdida de minuto el Gobierno obligue a la Compañía a admitir las justísimas peticiones de los empleados y obreros en huelga.

Hay que iniciar en España la lucha heroica contra los explotadores, comenzando por aniquilar toda influencia extranjerizante. Ello no puede hacerse sino a base de una intervención revolucionaria de todos los elementos sanos de la Patria, que se agrupen en torno a la necesidad de robustecer y levantar los ánimos de nuestro pueblo.

Todos los que amparen o defiendan los intereses de estas grandes Compañías extranjeras deben ser declarados traidores y castigados con el máximo rigor. El honor nacional obliga a que se utilicen todas las armas, y el que no pueda de otro modo, que boicotee la Empresa, negándole su colaboración y su trabajo. Las organizaciones obreras que hoy luchan tienen derecho al auxilio de la nación entera, pues su esfuerzo simboliza la liberación del pulpo extranjerizante. El Gobierno y la prensa deben ser acusados de un delito de alta traición, porque en vez de favorecer y amparar los intereses de la Patria, ponen la fuerza oficial al servicio del enemigo, del extranjero despreciable.

(«La Conquista del Estado», n. 18, 11 - Julio - 1931)